Perú rechaza declaraciones “injerencistas” de los presidentes de México y de Colombia

La canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, expresó su rechazo a las declaraciones que tildó de “injerencistas” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes, durante su conferencia de prensa, llamó “usurpadora” a su homóloga de Perú, Dina Boluarte, e insistió en que no le entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde al país sudamericano.

Con un mensaje en video difundido este lunes, la canciller también hizo referencia a lo expresado este domingo por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter acusó a la fiscal general de Perú de haber protagonizado un golpe de Estado. Tanto López Obrador como Petro han expresado su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

Gervasi dijo que el golpe de Estado fue hecho por Castillo en diciembre del año pasado y defendió el Gobierno de Boluarte.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México, quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, y la sucesión legítima y constitucional de la señora Presidenta de la República (Dina Boluarte)”, comentó Gervasi en el video.

“Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas internos de ingobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países”, agregó la canciller.

Este lunes, López Obrador se refirió a la presidencia pro-tempore de la Alianza del Pacífico y dijo que “se la podemos entregar a Chile o a Colombia y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora (por Boluarte), con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú”.

Castillo, quien intentó disolver el Congreso de Perú en diciembre de 2022, perdió el respaldo de las Fuerzas Armadas y fue destituido, y está detenido desde entonces. Actualmente cumple una medida de prisión preventiva de 18 meses debido a que es investigado por presunta rebelión o conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

El expresidente recibió otra orden de prisión preventiva concurrente de 36 meses en una investigación por supuesto tráfico de influencias, organización criminal y colusión, de acuerdo con una resolución judicial.