Amnistía Internacional emitió el último viernes una acción urgente por la liberación del fotógrafo venezolano Carlos Debiais, detenido desde noviembre de 2021, pese a que el pasado 12 de abril se emitió una orden de excarcelación a su nombre, según la organización.
“Supuestamente las autoridades penitenciarias afirman que la orden de excarcelación no puede ejecutarse por orden de la ministra del Servicio Penitenciario (Mirelys Zulay Contreras). Pedimos su liberación”, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.
La organización aseguró que “esta detención arbitraria se está perpetrando en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela”, donde “el Gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una política de represión en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que ha obligado a más de 6,1 millones de venezolanos a huir en busca de seguridad”.
“El sistema de justicia carece de independencia y, según la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, ha sido utilizado por las autoridades para permitir y cometer violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Amnistía Internacional.
Recordó que Debiais, quien se encontraba temporalmente en el país para tramitar la renovación de su pasaporte, fue detenido el 12 de noviembre pasado, cuando filmaba con su dron en la bahía de Amuay, en el occidente del país, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La organización señaló que durante la audiencia preliminar, celebrada el 10 de febrero de 2022, “fue acusado formalmente de violación al régimen de la nación y consumo de drogas” y sentenciado “a 4,5 años, pudiendo cumplir la sentencia en libertad condicional y registrarse ante el tribunal cada dos meses”.
Indicó que el 23 de marzo, el fotógrafo fue trasladado al penal Rodeo II de Caracas, “aunque su familia no fue notificada del traslado, donde permanece recluido desde entonces”.
Más de 200 presos políticos
La ONG venezolana Foro Penal areveló días atrás que en el país hay 239 personas detenidas a las que considera presos políticos. El director de la organización, Gonzalo Himiob, detalló que, del total de registros, 224 son hombres y 15 son mujeres -entre ellos un menor de edad-, de los cuales, 107 son civiles y 132 militares.
Esta lista, que no es pública, es verificada y certificada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se remite semanalmente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dijo, en su reciente informe anual correspondiente a 2021, que “cualquier persona privada de su libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con órdenes inconstitucionales, debe estar en libertad”.
En tanto, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró un aumento de 148 % en los casos de tortura entre enero y diciembre de 2021, según recoge su informe anual presentado este miércoles.
“En el derecho a la integridad personal se logró registrar, durante 2021, 241 presuntas víctimas de tortura a nivel nacional, eso significa un aumento importante de 148 % con respecto al año anterior”, explicó la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe en Caracas.
Agregó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el organismo de seguridad “más denunciado” por estos casos.
Asimismo, indicó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Los recintos donde hay más denuncias es en la sede del CICPC en El Hatillo y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta”, ambos ubicados en el estado Miranda, cercano a Caracas, señaló.
